Recientemente un político colombiano manifestó su indignación porqué nuestro país comenzaría la revisión de antecedentes penales de colombianos, cosa que en su opinión afectaba los derechos de su país, y más aún, se consideró ofendido e indignado por la respuesta de nuestro país, ya que esta acción hace parecer a todos los colombianos como "sicarios o narcotraficantes" (sic). 
Si bien soy bastante crítico del concepto de la llamada "generación de cristal", creo que esta ha sido una desproporcionada reacción, más propia del entrañable Alaraco de Themo Lobos que de un político, o incluso un aspirante a tal. 
En países como los nuestros, es fundamental recordar siempre que la soberanía emana del pueblo, y es un principio fundamental del Estado que consiste en la facultad de  ejercer los poderes estatales libremente, sin injerencias externas. Y digo que es fundamental, porqué muchas veces los políticos sudamericanos se olvidan que se deben a sus pueblos, y no a lo que ordenen las instituciones extranjeras, empresas multinacionales, u otras potencias. Así empiezan a gobernar para el Fondo Monetario Internacional, a legislar según las instrucciones de Odebrecht, o peor aún, a ser en la práctica un Estado títere de la potencia imperialista de turno. 
Colombia es un ejemplo claro del Estado títere. Hasta 1904 incluía la provincia de Panamá, la cual se independizó en un extraño estallido revolucionario que sospechosamente comenzó cuando el gobierno colombiano de la época se negó a ceder a los Estados Unidos la zona del proyectado canal. Nuestro Chile merece crédito en la defensa valiente y desinteresada de Colombia, pues cuando la potencia del norte intentó esto mismo en 1885, desde Chile se envió al crucero Esmeralda para defender al país cafetero, carente de fuerzas navales. 
Desde entonces la historia colombiana ha sido una sucesión de guerras internas, estallidos revolucionarios, y matanzas civiles por parte de sus mismas Fuerzas Armadas. Sus políticos han destacado por su corrupción generalizada. La Constitución de 1991 fue torcida para beneficiar a los narcotraficantes, prohibiendo la extradición; el presidente Ernesto Samper fue financiado por el Cartel de Cali, misma situación que se sospecha respecto de Andrés Pastrana y Gustavo Petro. 
Además, Colombia es tristemente célebre por los llamados falsos positivos, matanzas de campesinos inocentes organizadas por las Fuerzas Armadas, a fin de hacerlos pasar como guerrilleros abatidos en enfrentamientos, las que alcanzaron su peak durante la administración pasada del Sr. Santos. 
No seamos ciegos tampoco. Fueron sicarios colombianos los que asesinaron al presidente Haití, Jovenel Moise, y al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.
Con semejante historial de probidad y respeto a la dignidad humana, ¿Cómo es posible que Colombia venga a reclamar que sus ciudadanos pasen por una mera revisión de antecedentes penales para ingresar al país? ¿Es que acaso les indigna más presentar un certificado, que la corruptela y brutalidad de sus políticos y paisanos?
Si para postular a cualquier trabajo se piden los antecedentes, con mayor razón se le debe solicitar información a la gente que ingresa a un país. Estados Unidos se lo pidió a Chile en el marco de la Visa Waiver, y con mayor razón Chile y cualquier otro Estado se lo debe exigir a Colombia. El Estado se reserva el derecho de admisión. Rino Island no cambiará su política por los caprichos de terceros ajenos a su comunidad nacional. 


Anastasio López Fernández
Presidente de la República 
Presidente del Partido de la Unidad Nacional